Los conflictos familiares suelen implicar decisiones importantes que afectan tanto al ámbito personal como al económico. Situaciones como separaciones, divorcios, custodia de hijos o pensiones alimenticias requieren un asesoramiento legal que permita actuar con claridad y proteger los derechos de todas las partes implicadas.
En De Simón Guardia Abogados ofrecemos asesoramiento y defensa en Derecho de Familia, acompañando a nuestros clientes en procesos que requieren no solo rigor jurídico, sino también sensibilidad y estrategia. Analizamos cada caso de forma individual y buscamos la solución más adecuada para garantizar estabilidad jurídica y proteger los intereses familiares.
y divorcio
de menores
familiares
Escuchamos tu situación, revisamos la documentación y evaluamos los hechos, los plazos y el riesgo real desde una perspectiva jurídica y empresarial.
Diseñamos un plan de actuación claro, realista y alineado con tus objetivos, valorando negociación, vías legales y posibles escenarios.
Te acompañamos en cada paso del proceso, defendiendo tus intereses con rigor, claridad y una comunicación constante.
Asesoramos y representamos en procesos de separación o divorcio, ya sean de mutuo acuerdo o contenciosos, defendiendo los intereses personales y patrimoniales de nuestros clientes.
Gestionamos la reclamación por los daños materiales causados en tu vehículo u otros bienes. Evaluamos los perjuicios sufridos y defendemos tu derecho a recibir una compensación económica justa.
Asesoramos en la fijación, modificación o reclamación de pensiones alimenticias destinadas a garantizar el bienestar de los hijos.
Cuando cambian las circunstancias familiares o económicas, es posible solicitar la modificación de medidas previamente establecidas en una sentencia.
Gestionamos la división de bienes comunes tras una separación o divorcio para garantizar un reparto justo del patrimonio.
Representamos a nuestros clientes en procedimientos judiciales relacionados con conflictos familiares cuando no es posible alcanzar acuerdos entre las partes.
La separación implica que los cónyuges dejan de convivir, pero el vínculo matrimonial continúa existiendo desde el punto de vista legal. Esto significa que, aunque se regulen cuestiones como la custodia de los hijos o el uso de la vivienda familiar, el matrimonio no se disuelve. El divorcio, en cambio, supone la disolución definitiva del vínculo matrimonial, permitiendo que las partes puedan volver a contraer matrimonio si lo desean. Ambos procedimientos pueden tramitarse de mutuo acuerdo o de forma contenciosa cuando no existe consenso entre las partes. La elección entre una u otra opción depende de las circunstancias personales y jurídicas de cada caso.
Cuando existe un proceso de divorcio y hay hijos menores, la ley prioriza siempre el interés superior del menor. Esto implica regular aspectos como la guarda y custodia, el régimen de visitas y la pensión de alimentos. El objetivo es garantizar la estabilidad emocional y económica de los hijos. Dependiendo de las circunstancias familiares, la custodia puede ser exclusiva para uno de los progenitores o compartida entre ambos. Cada situación se analiza de forma individual para determinar qué modelo resulta más beneficioso para los menores.
Sí, es posible solicitar la modificación de medidas cuando se producen cambios importantes en las circunstancias personales o económicas de alguna de las partes. Por ejemplo, variaciones en los ingresos, cambios en las necesidades de los hijos o modificaciones en la situación laboral pueden justificar una revisión de las medidas establecidas en la sentencia. Este procedimiento permite adaptar las condiciones acordadas inicialmente a la nueva realidad familiar.
No siempre es necesario acudir a juicio. Cuando ambas partes están de acuerdo en las condiciones del divorcio, es posible tramitar un divorcio de mutuo acuerdo. Este procedimiento suele ser más rápido, menos costoso y genera menor impacto emocional para la familia. Sin embargo, cuando no existe consenso sobre aspectos como la custodia de los hijos o la distribución de bienes, puede ser necesario acudir a un procedimiento contencioso para que el juez determine las medidas correspondientes.
La pensión de alimentos se establece teniendo en cuenta diferentes factores, como las necesidades de los hijos, los ingresos de los progenitores y las circunstancias familiares. Su finalidad es garantizar que los menores puedan cubrir sus necesidades básicas relacionadas con alimentación, educación, vivienda y salud. El importe debe ser proporcional a la capacidad económica de cada progenitor y puede revisarse si cambian las circunstancias económicas de la familia.
